Se trata del grupo Constituya que agrupa a empresarios high tech y tradicionales, economistas y líderes sociales. Las medidas casi no tienen costo fiscal y son de fácil implementación. Las dieron a conocer casi en paralelo a la media sanción del impuesto a los ricos.

Silvia Naishtat

18/11/2020 19:31 

En lo que es una diferenciación sutil un grupo de empresarios de los tecnológicos y tradicionales, líderes sociales y economistas dieron a conocer una serie de propuestas para salvar 100.000 pymes y un millón de empleos. La difusión de la propuesta fue casi en paralelo a la media sanción del impuesto a los ricos en el Congreso. Argentina tiene estas cosas.

En el interior de ese grupo que se denomina Constituya hay personalidades como Eduardo Braun (Fundador de HSM), Agustin Otero Monsegur de la cítrica San Miguel, Nicolás Sánchez líder en fruticultura en Patagonia, Mateo Salvatto y Ricardo Neme de compañías tecnológicas, Silvia Torres Carbonell y Lisandro Bril, inversores y referentes de las firmas high tech, Miguel Milano que reúne a más de 700 empresarios pymes de Rosario, los economistas Marcos Buscaglia, César Litvin, Fernando Marengo. También, Josefina Canale de la familia bodeguera y Carlos March de Poder Ciudadano y Silvia Flores de La Juanita, entre tantos otros.

El grupo se propone ser abierto y algunos lo leen como una evolución del whatsapp Nuestra Voz que surgió durante el gobierno de Macri y se fue apagando. Esta vez buscan llegar con sus propuestas a los despachos del gobierno y de los distintos partidos políticos. Se define como un “action tank”. Surgió en marzo con la pandemia y produjeron varios documentos entre otros uno con sugerencias para la negociación de la deuda con los bonistas.

En cuanto a las recomendaciones de ConstiTuya, que también se define como una red de inteligencia colectiva que reúne expertos en temas de política pública, se menciona que se trata de apalancar la liquidez y la solvencia de las empresas en medidas complementarias a las del Gobierno, con costo fiscal bajo o nulo y no requieren, en su mayoría, pasar por el Congreso.

Las propuestas, que se resumen en 20 recomendaciones, busca lograr más solvencia a través de mecanismos para ayudar a que inversores privados financien a empresas con problemas financieros. “Se trata de medidas complementarias a los esfuerzos del Gobierno, que tienen nulo o muy bajo impacto fiscal y que en general no requieren pasar por el Congreso. Ya hemos realizado rondas informativas con funcionarios de órganos responsables de viabilizar estas propuestas de manera rápida, como por ejemplo el Ministerio de Desarrollo Productivo, el Banco Central, o la AFIP, para nombrar solo algunos”, expresó Nicolás Sánchez. “La situación es crítica y la necesidad es urgente: está en juego la supervivencia de 100.000 Pymes y de 1 millón de empleos”, agregó Miguel Ángel Milano. Y agregó “la caída de la demanda fue brutal y prolongada al punto que durante la primera mitad del año, sectores como construcción, comercio e industria sufrieron caídas históricas”.

Una de las propuestas apunta a lograr mayor liquidez, mediante la factura de crédito electrónica (“FCE”), bajando el plazo para la aceptación tácita de 30 a 15 días. Se propone además el débito automático del importe de la factura de crédito electrónica. Las recomendaciones también sugieren permitir el descuento de facturas en dólares y eliminar el monto mínimo por facturas, actualmente de $147.500.

Respecto de facilitar el uso de créditos fiscales de empresas, la propuesta de ConstiTuya recomienda consolidar cuentas tributarias. De esa manera, las deudas y créditos impositivos se consolidan en una sola cuenta para que cualquier crédito pueda ser usado para el pago de cualquier deuda impositiva.

Otra propuesta consiste en permitir la cancelación de obligaciones fiscales con Bonos del Estado Nacional y de los Estados Provinciales. ConstiTuya sugiere que se otorgue privilegio a nuevos acreedores que prestan a empresas que están en convocatoria de acreedores o APE (Acuerdo Preventivo Extrajudicial), para acceder “así a nuevo financiamiento y evitar la quiebra de la empresa. Tambien la posibilidad de reducir sueldos y la suspensión y despido de empleados mientras dure el proceso de APE o convocatoria de acreedores, para permitir así salvar el resto de los empleos”, señalaron.

Link a nota: https://www.clarin.com/economia/plan-salvataje-100-000-pymes-reaccion-empresaria-impuesto-ricos_0_TCm4mXNIC.html